Esta carta es un marco de referencia para que las administraciones públicas, las empresas y la sociedad aprovechen las potencialidades y oportunidades que ofrece el entorno digital controlando los riesgos.

Pretende ser una guía de buenas prácticas para actuar en los nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del ordenamiento a favor de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la seguridad jurídica de la ciudadanía, operadores económicos y administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales.

A partir de este momento este documento estará disponible en la web de la Diputación para que tanto la ciudadanía como los ayuntamientos puedan consultarla y usarla como herramienta de trabajo.